Overview
Los asesores de inversión registrados, los administradores de fondos y los broker-dealers operan bajo densos requisitos regulatorios administrados por la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) y FINRA. Cuando se sospechan infracciones (sobrefacturación, conflictos no divulgados, divulgaciones fraudulentas o el robo directo de cuentas de clientes), los mecanismos de fiscalización son contundentes y el riesgo reputacional es inmediato.
Alejandro Soto logró un precedente histórico durante su carrera como AUSA: el primer enjuiciamiento penal exitoso en el Southern District of Florida de un asesor de inversión registrado por una violación penal de la Investment Advisers Act of 1940. Esa experiencia, entender cómo el gobierno construye la responsabilidad penal de los asesores de inversión, informa directamente la manera en que hoy defiende a asesores de inversión.
Our Approach
La defensa de asesores de inversión en materia de fiscalización requiere una reconstrucción detallada de las relaciones con los clientes, los documentos de divulgación, los acuerdos de honorarios y los procesos de toma de decisiones de inversión. Involucramos tempranamente a expertos de la industria de valores para evaluar las teorías del gobierno frente a los estándares regulatorios aplicables e identificar dónde la conducta fue consistente con la práctica de la industria.
La defensa de asesores de inversión en materia de fiscalización requiere una reconstrucción detallada de las relaciones con los clientes, los documentos de divulgación, los acuerdos de honorarios y los procesos de toma de decisiones de inversión. Involucramos tempranamente a expertos de la industria de valores para evaluar las teorías del gobierno frente a los estándares regulatorios aplicables e identificar dónde la conducta fue consistente con la práctica de la industria.




