Defensa en derecho penal económico, investigaciones internas y compliance regulatorio

Seleccionado mediante un proceso competitivo como abogado principal de una agencia estatal de EE. UU. en una investigación de la Civil Division del DOJ bajo la False Claims Act por presunto fraude en el control de calidad de un programa federal de beneficios. La demanda del gobierno superaba los US$40 millones, reflejando los daños triplicados y las sanciones civiles por cada reclamación previstas en la FCA. Se resolvió por US$17.5 millones, una fracción de la demanda original del gobierno; el Sr. Fridman firmó el acuerdo en nombre de la agencia.

Representó a un ciudadano canadiense y exempleado de Gunvor acusado en el Eastern District of New York de conspirar para lavar el producto de un esquema de sobornos de aproximadamente US$22 millones que involucraba a la petrolera estatal de Ecuador, PetroEcuador. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la FCPA y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo. Con cobertura de Bloomberg, The Wall Street Journal y la prensa internacional.

Lideró una investigación interna para Toshiba International Corporation que rastreó un esquema de sobornos y manipulación de licitaciones en el que un gerente de instalaciones direccionó más de US$100 millones en contratos de construcción hacia dos empresas favorecidas a cambio de pagos en efectivo, lingotes de oro y plata, bienes inmuebles, armas, joyas y relojes, causando a Toshiba una pérdida de más de US$80 millones; luego presentó una demanda civil bajo RICO en Houston en 2019 y expuso la evidencia ante los fiscales federales; los responsables se declararon culpables y fueron condenados a prisión, uno de los dueños de las empresas a nueve años en el Southern District of Texas.

Representación de una institución financiera global en una acción de cumplimiento regulatorio en EE. UU. relacionada con su programa de compliance de prevención de lavado de activos.

Representamos, pro bono en el marco de la iniciativa del estudio para la protección del estado de derecho y la democracia, a cuatro organizaciones sin fines de lucro objeto de una investigación del Congreso sobre su uso de fondos federales.

Asistió a la corporación en sus respuestas a citaciones del grand jury en una investigación del DOJ relacionada con asuntos de seguridad nacional.

Condujo una investigación interna completa en respuesta a citaciones gubernamentales en una investigación antimonopolio del DOJ por fijación de precios, demostrando la falta de participación del cliente en la conspiración imputada; otras personas imputadas fueron posteriormente absueltas. En una investigación antimonopolio separada del DOJ sobre un exdirectivo de la empresa, la investigación interna de la firma llevó al DOJ a cerrar su indagación.

Contratados por el CEO de una empresa que cotiza en bolsa para asistir en una investigación del comité de auditoría sobre alegaciones relativas a la distinción entre gastos personales y gastos de la empresa.

Representó a un comité de auditoría en una investigación interna sobre presuntas violaciones de la FCPA, incluida la coordinación con los auditores externos respecto de las obligaciones de remediación y divulgación del comité.

Dirigió una investigación por mala conducta corporativa relacionada con sobornos, apropiación indebida de activos y conflictos de interés en una subsidiaria corporativa.

Codirigió la representación pro bono, en el marco de la iniciativa de estado de derecho de la firma, de cuatro organizaciones sin fines de lucro de asistencia migratoria objeto de una investigación del House Committee on Homeland Security sobre el uso de fondos federales por parte de más de 200 ONG.

Representa a un cliente acusado en el Southern District of Florida de lavado de activos derivado de alegaciones de remesas de dinero sin licencia, en un caso que involucra más de US$350 millones y que se encuentra entre los mayores de su tipo presentados por el gobierno federal. El cliente se encuentra en Argentina a la espera del proceso de extradición.

Asistió en investigaciones internas relacionadas con una investigación del DOJ por fijación de precios que involucraba a ejecutivos del sector, trabajo que contribuyó a establecer la no participación de un cliente.

Se obtuvo una sentencia de libertad condicional para un cliente acusado del etiquetado indebido de compuestos farmacéuticos adquiridos en China, después de que el gobierno solicitara una pena de 18 meses de prisión.

Representó a un testigo ante el grand jury ("gran jurado") en la investigación del Special Counsel John Durham sobre los fundamentos de la pesquisa acerca de la interferencia rusa en la elección presidencial de EE. UU. de 2016, llevando a cabo una investigación y preparando al cliente para su testimonio ante el grand jury.

Representa a un cliente investigado tanto por la U.S. Attorney's Office como por la Office of Foreign Assets Control por presuntas violaciones de la International Emergency Economic Powers Act y lavado de activos, con exposición transfronteriza a Rusia.

Representamos a un vicepresidente senior de una empresa de tecnología Fortune 1000 en una investigación del DOJ por uso de información privilegiada (insider trading). El proceso penal relacionado culminó en una declaración de culpabilidad de la persona imputada; nuestro cliente no fue imputado.

Obtuvo la absolución total de Kenia Valle Boza tras un juicio con jurado de dos semanas en junio de 2025 en el Southern District of Florida, derrotando la novedosa teoría del Department of Justice que extendía la responsabilidad por fraude en la atención médica, conspiración de fraude electrónico y fraude mayor a una supervisora de codificación de facturación, en un caso que el gobierno planteó en aproximadamente US$12 millones.

Mantuvo la sentencia del CEO de Patient Care America en el rango de 0 a 6 meses de las pautas en febrero de 2024, muy por debajo de los quince meses solicitados por el gobierno, tras una etapa de sentencia de cuatro días vinculada a un fraude a TRICARE valorado en cerca de US$40 millones; la firma también manejó la fase civil bajo la False Claims Act, que se resolvió en 2019 por más de US$65 millones con un pago de US$21.36 millones.

Representación de un cliente acusado de fraude en servicios de salud en relación con un esquema de un familiar, ayudándolo a cooperar, reduciendo el monto de la restitución y obteniendo una sentencia por debajo de las Guidelines que evitó la pena de prisión. Posteriormente, la firma obtuvo la terminación anticipada de la libertad condicional después de que el cliente cumpliera aproximadamente el 40% del plazo.

Persuadimos al DOJ de no presentar cargos contra una enfermera empleada por una enfermera de práctica avanzada (nurse practitioner) bajo acusación formal federal por una conspiración de fraude en el sector salud de US$192 millones. La clienta cooperó y testificó en el juicio, en el que la nurse practitioner fue condenada y sentenciada a 20 años, y desde entonces ha retomado su carrera.

Representación de los tenedores de bonos de Oro Negro en un esfuerzo transfronterizo activo para rastrear al menos US$27 millones desviados de vehículos de propósito especial que poseían bonos vinculados a plataformas de perforación petrolera de Pemex frente a las costas de México, utilizando 28 U.S.C. Section 1782 para exigir discovery en los Estados Unidos, incluido discovery solicitado a los abogados de la contraparte, Quinn Emanuel, respecto de aproximadamente US$8 millones rastreables a cuentas de los clientes.

Trabajó en la defensa de un exejecutivo de Gunvor acusado en el Eastern District of New York en relación con un esquema de sobornos a PetroEcuador de aproximadamente US$22 millones. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo.

Llevó a cabo una investigación interna sobre deficiencias contables y de control interno en una empresa mexicana de perforación petrolera.

Representación de un ciudadano canadiense y exempleado de Gunvor acusado en el Eastern District of New York de conspirar para lavar el producto de un esquema de sobornos de aproximadamente US$22 millones que involucraba a la petrolera estatal de Ecuador, PetroEcuador. Gunvor S.A., la empresa suiza de comercialización de energía, se declaró culpable por separado en marzo de 2024 de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act ("Ley Contra Corrupción en el Extranjero", FCPA) y pagó una multa penal de US$374.56 millones como parte de una resolución global de US$474.4 millones, admitiendo que pagó a intermediarios más de US$97 millones entre 2012 y 2020 para sobornar a funcionarios de PetroEcuador con el fin de obtener y retener negocios de comercialización de petróleo. Cubierto por Bloomberg, The Wall Street Journal y prensa internacional.

Representa a un ejecutivo latinoamericano de una empresa líder de telecomunicaciones bajo investigación simultánea de la U.S. Department of Justice Antitrust Division y la Comisión Europea por presunta fijación de precios en los mercados de voz y datos móviles en América Latina y el Caribe, gestionando procedimientos paralelos en Estados Unidos, Panamá y Jamaica.