Litigios de valores, defensa en acciones colectivas y demandas derivadas

La PSLRA (1995) impuso requisitos agravados de alegación para las acciones colectivas por fraude de valores. Los demandantes deben alegar con particularidad cada declaración falsa u omisión, explicar por qué era falsa o engañosa y alegar una "inferencia sólida" de scienter, es decir, la intención de engañar. Estos requisitos se hacen valer mediante mociones de desestimación antes de que ocurra cualquier discovery. Una moción de desestimación exitosa bajo la PSLRA pone fin al caso en sus etapas iniciales y es la herramienta más importante en la defensa de acciones colectivas de valores.

Una demanda derivada de accionistas es una acción judicial iniciada por un accionista en nombre de la sociedad (habitualmente contra directores y ejecutivos) por incumplimiento del deber fiduciario, dilapidación de activos sociales u otra conducta indebida. Técnicamente, la sociedad es la parte demandante, y cualquier recuperación corresponde a la sociedad y no directamente a los accionistas. Las demandas derivadas suelen seguir a investigaciones internas o a acciones de cumplimiento del gobierno, y requieren un requerimiento previo al directorio (o alegar la futilidad de dicho requerimiento) antes de poder proseguir.

Las cartas de intimación que amenazan con acciones colectivas de valores son de dos tipos que exigen respuestas distintas. El primero es una amenaza legítima de una firma que ha investigado un reclamo por fraude de valores, tiene una teoría plausible y cuenta con un cliente con legitimación activa. El segundo es una carta modelo enviada a toda empresa cuya acción sufre una caída de precio, en busca de un acuerdo rápido antes de cualquier investigación real. La clave está en la especificidad: una carta de intimación seria identifica declaraciones específicas, fechas específicas, razones específicas por las cuales esas declaraciones eran falsas y una teoría de causalidad de la pérdida que vincule la caída con una divulgación correctiva. Una carta modelo no lo hace. Ambas exigen una respuesta: las serias, porque es necesario prepararse para el litigio; las cartas modelo, porque no atenderlas puede generar una ventaja para una exigencia de acuerdo. La respuesta práctica: contratar abogados especializados en litigios de valores para evaluar el mérito jurídico de la teoría, analizar las declaraciones públicas y la evidencia exculpatoria, identificar posibles testigos y documentos relevantes para cualquier litigio eventual, y determinar si corresponde una estrategia de comunicación proactiva. Los requisitos agravados de alegación de la PSLRA hacen que las acciones colectivas de valores débiles sean muy difíciles de sostener frente a una moción de desestimación, y es allí donde deben defenderse los casos sólidos.