Defensa en derecho penal económico, investigaciones internas y compliance regulatorio

Compliance AML y Bank Secrecy Act

Asesoría de defensa y compliance en acciones regulatorias de cumplimiento AML/BSA, desde los hallazgos de examen hasta la acción formal de cumplimiento y la remisión penal.

Overview

La aplicación de la normativa contra el lavado de activos y del Bank Secrecy Act se ha intensificado drásticamente tanto en instituciones financieras bancarias como no bancarias. FinCEN, la OCC, la Federal Reserve, los reguladores bancarios estatales y el DOJ (Departamento de Justicia de EE. UU.) han elevado la aplicación de las normas AML al rango de prioridad, y las sanciones han escalado a la par. Un hallazgo en un examen regulatorio puede escalar a una multa civil, una orden de consentimiento que exija un monitor independiente de compliance, un deferred prosecution agreement ("acuerdo de enjuiciamiento diferido", DPA) o cargos penales en cuestión de meses.

Michael Garcia representó a una institución financiera global en una acción regulatoria de cumplimiento relacionada con su programa de compliance AML durante su etapa en White & Case. Daniel Fridman asesoró a un banco de primer nivel en una investigación bajo el Bank Secrecy Act durante su etapa en Holland & Knight, que se resolvió mediante un deferred prosecution agreement con una de las multas más bajas jamás impuestas por ese tipo de infracción (comunicado de prensa del DOJ; deferred prosecution agreement), un resultado logrado mediante una interacción temprana y disciplinada con el DOJ y una demostración rigurosa de la remediación del banco. Estos asuntos reflejan la capacidad de la firma en ambos extremos del espectro de la aplicación de la normativa AML.

Our Approach

La defensa en acciones de aplicación de la normativa AML exige actuar simultáneamente en varios frentes: el proceso de examen regulatorio (responder a solicitudes de información, gestionar el acceso de los examinadores, preparar las reuniones de cierre), el procedimiento sancionatorio (negociar el alcance de los hallazgos, impugnar infracciones individuales y minimizar las sanciones) y la exposición penal paralela (asesorar sobre las implicancias de la Quinta Enmienda y coordinar con el DOJ si se ha efectuado una remisión).

La remediación es una estrategia de defensa, no una fase separada. Los reguladores y los fiscales otorgan un peso significativo a una remediación pronta, creíble y completa de las deficiencias AML. Comenzamos la planificación de la remediación desde el primer día de una investigación sancionatoria y construimos el expediente de remediación como una vía paralela a la defensa legal.

Representative Experience

White Collar & Government Investigations

  • Acción de cumplimiento AML contra un banco global

    Representación de una institución financiera global en una acción de cumplimiento regulatorio en EE. UU. relacionada con su programa de compliance de prevención de lavado de activos.

Frequently Asked Questions

¿Qué es el Bank Secrecy Act y qué exige?

El Bank Secrecy Act exige que las instituciones financieras mantengan programas diseñados para detectar y prevenir el lavado de activos. Los requisitos centrales son: un oficial de compliance designado; un programa AML escrito; capacitación; pruebas independientes; y due diligence del cliente (CDD) y due diligence reforzada (EDD) para clientes de mayor riesgo. No mantener programas adecuados (con independencia de que haya ocurrido o no lavado de activos efectivo) constituye en sí mismo una infracción civil y penal.

¿Qué es una orden de consentimiento y qué exige a una institución financiera?

Una orden de consentimiento es una acción regulatoria formal de cumplimiento en la que una institución financiera acepta, sin admitir culpa, adoptar medidas correctivas específicas bajo supervisión regulatoria. Los requisitos habituales incluyen contratar a un consultor o monitor independiente de compliance, presentar informes periódicos de compliance, reforzar los procedimientos de due diligence del cliente y fortalecer el monitoreo de transacciones. Las órdenes de consentimiento pueden restringir la capacidad de la institución para expandirse mientras estén vigentes.

¿Cuándo un asunto regulatorio AML se convierte en un caso penal?

Los reguladores remiten los asuntos al DOJ cuando consideran que la conducta fue deliberada, es decir, que la institución conocía sus obligaciones bajo el BSA y omitió deliberadamente implementarlas. El carácter deliberado se infiere de los hechos: la duración de las deficiencias, los hallazgos reiterados de los examinadores y la evidencia de que la gerencia fue informada de los problemas. La exposición penal aumenta con el volumen de actividad sospechosa que no fue reportada y con la naturaleza de la conducta subyacente.

FinCEN acaba de emitir una carta de deficiencias de examen respecto de nuestro programa AML. ¿Significa esto que se avecina una acción de cumplimiento?

No necesariamente, pero significa que el reloj está corriendo. Una carta de deficiencias de examen de FinCEN o de su regulador federal primario es un hallazgo de que su programa AML presenta deficiencias. La gravedad de esas deficiencias, su respuesta y su remediación determinan si el asunto permanece en el canal de examen o escala a una acción formal de cumplimiento con multas civiles, una orden de consentimiento o una remisión penal. Los pasos más importantes: (1) Responda de manera completa, precisa y oportuna; no minimice los hallazgos ni cuestione la caracterización del examinador sin asesoría legal; (2) Comience la remediación de inmediato, antes del plazo de respuesta; los examinadores y el personal a cargo de las acciones de cumplimiento otorgan un crédito significativo a la remediación ya en curso; (3) Contrate a abogados de defensa AML con experiencia para evaluar si las deficiencias son lo suficientemente significativas desde el punto de vista legal como para atraer la atención de las autoridades y para asesorar sobre la idoneidad de su plan de remediación; (4) Evalúe si las deficiencias reflejan actividad sospechosa efectiva no reportada; si las fallas AML permitieron que transacciones sospechosas pasaran sin la presentación de reportes de actividad sospechosa (SAR), la indagación puede expandirse mucho más allá de las deficiencias del programa. Las instituciones que responden con prontitud, remedian genuinamente y demuestran a los examinadores que el programa efectivamente ha mejorado (y no solo que se actualizaron las políticas escritas) son las que evitan la acción formal de cumplimiento.

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