Overview
Cuando una investigación gubernamental o un proceso penal establece que una empresa, un banco o una institución fue defraudada, el expediente público generado por ese proceso (acusaciones formales, declaraciones de culpabilidad, determinaciones en la etapa de sentencia, órdenes de asset forfeiture ("decomiso de activos")) puede ser el fundamento de una acción civil de recuperación. Se trata de un área de práctica subutilizada que puede producir recuperaciones significativas para empresas que soportan los costos de fraudes que no cometieron.
El ejemplo más claro en la práctica de la propia firma es el asunto de Toshiba International. Después de que una investigación interna de FFS descubriera un esquema de soborno y manipulación de licitaciones por parte del exgerente de instalaciones de Toshiba y dos empresas constructoras, que causó pérdidas por más de US$80 millones, los hallazgos de la investigación fueron presentados ante la U.S. Attorney's Office (Fiscalía Federal) en Houston. Los responsables fueron procesados, se declararon culpables y fueron condenados a prisión, incluida una condena de nueve años para uno de los dueños de las empresas. Toshiba fue la víctima, y la inversión en la investigación sirvió de base tanto para una acción civil bajo RICO ("Ley RICO de crimen organizado") como para la recuperación en sede penal.
La recuperación civil posterior a una investigación requiere tanto experiencia en derecho penal (para entender qué establecen los procedimientos del gobierno y qué dejan abierto) como capacidad de litigio civil (para traducir las determinaciones penales en causas de acción civiles con la teoría de daños correcta). Esa combinación es una de las ventajas estructurales de la firma.
Our Approach
La estrategia de recuperación civil después de un procedimiento gubernamental comienza con un análisis cuidadoso de lo que establece el expediente penal: qué hechos fueron probados o admitidos, qué montos fueron cuantificados y qué demandados están disponibles y tienen bienes ejecutables. Las declaraciones de culpabilidad y las determinaciones en la etapa de sentencia en sede penal generan collateral estoppel ("preclusión de cuestiones ya decididas") en procedimientos civiles posteriores, lo que elimina la necesidad de volver a probar hechos ya establecidos en la causa penal.
El análisis de daños y perjuicios en un caso civil posterior a una investigación suele ser el elemento más controvertido. Trabajamos con peritos financieros para cuantificar el daño económico total (pérdidas directas, sobreprecios, daños consecuenciales y, en los casos que corresponda, daños punitivos) y presentar ese análisis en una forma que resista una impugnación Daubert.
